Documental argentino que versa sobre uno de los peores crímenes colectivos de todos los tiempos: las matanzas étnicas de Ruanda, sucedidas entre abril y julio de 1994. "100 días que no conmovieron al mundo" trata sobre una brutalidad que a nadie le importó. La jueza argentina, Inés Weinberg, la única latinoamericana en el tribunal internacional para juzgar a los culpables del genocidio, atestigua y explica qué pasó en ese país que lo llevó a tal furia sangrienta.

Más de un millón de personas murieron de manera horrible en algo más que 100 días; la comunidad internacional hizo caso omiso y abandonó a los ruandeses a su suerte. Cuando las voces se hicieron más fuertes, y sabiéndose que se trataba de una lucha de exterminio humano realmente, las potencias se "dignaron" a intervenir. Entonces se comprobó el horror en toda su magnitud: vecinos mataron a vecinos, amigos a amigos, compañeros de trabajo a compañeros de trabajo; incluso entre familias se mataron sin piedad. Ruanda ya no volvió a ser la misma.

El genocidio de Ruanda: aberración cultural y culpa colonial

A pesar de que era completamente conocida la brutal rivalidad y el acendrado rencor entre las dos etnias más poderosas de Ruanda: los tutsi y los hutu, jamás a ningún analista, especialista, experto o asesor político de las instituciones de paz y desarrollo mundiales se le hubiera ocurrido imaginar lo que sucedería entre inicios de abril de 1994 y mediados de julio de ese mismo año.

En casi 100 días, de 6 millones y medio de personas, sólo quedarían vivas 4 millones 900 mil. Más de un millón y medio serían salvajemente asesinadas en medio de una guerra civil espantosa y de pronóstico aún más terrorífico.

Ruanda fue un doble protectorado: primero alemán y después belga. Ambas naciones se aprovecharon de la fuerte rivalidad entre hutus y tutsis para “dividir” políticamente el país a su conveniencia. Debido a que el régimen dominante al momento de la “conquista” centroafricana era de control tutsi, a los alemanes y a los belgas les pareció ideal apoyar a estos para su afianzamiento y dominio del país.

Desde 1918 hasta 1961, la monarquía belga apoyó de manera prácticamente indiscriminada y cínica a la monarquía tutsi, y al usarse el término “cínica” no se trata de una simpleza léxica: fue absurdamente cínico en su apoyo en detrimento de los hutus.

La segregación y discriminación abierta de los tutsis hacia los hutus, al privar a estos de cualquier chance de integración nacional dentro del esquema político, económico o administrativo del reino sólo generó lo esperado: una formación cada vez más grande de conspiraciones y de asociaciones secretas y ni tan secretas de hutus cada vez más enfurecidos. Estos terminaron creando frentes de lucha, primero, para democratizar el país, y  luego para arrebatárselo de las manos violentamente a los tutsis. Esto último no fue necesario, o no del todo. En 1959, el gobierno belga entró en abierto conflicto con los gobernantes tutsis; el cambio de monarca no fue lo mejor que pudo haber pasado. La muerte del monarca Mutara III dejó en el poder a su joven hijo Kigeli V, el cual presentó a Bélgica una propuesta tan ambiciosa como ridícula, basándose en el hecho de que el colonialismo estaba llegando a su fin y elevando sus exigencias a un nivel tal que los belgas consideraron el hecho de tener que apoyar a los hutus.

Los belgas incurrieron en una ingenuidad histórica al pensar que la etnia hutu iría por la continuidad del régimen colonial. Apenas se logró hacer posible el fin de la larga lucha por la emancipación hutu, iniciada casi un siglo antes, lo primero que exigieron los “nuevos favoritos” fue el fin de la monarquía y la creación de la figura republicana. La presión se convirtió en una rebelión de facto de la población hutu, que siempre ha sido mayoritaria en Ruanda (80%, por 20% tutsi), y a Bélgica no le quedó más remedio que firmar los acuerdos de la independencia del país un año más tarde.

Entre 1962 y 1990 los conflictos internos fueron una constante en el país: los tutsis exiliados crearon el Frente Patriótico Ruandés cuya intención era no sólo regresar al poder sino incluso “higienizar racialmente” el territorio. Desde naciones como Uganda y Tanzania, los ahora rebeldes del régimen republicano llevaron a cabo desde atentados hasta asesinatos selectivos. Los hutus y tutsis que residían en el país, aunque intentaron convivir en paz resultaban víctimas de la violencia política que les pedía mantener una decisión y elegir un bando. Miles de familias hutus que habían convivido durante años con familias tutsis vivían bajo la constante presión de “raza y nación”.

Para 1990 los tutsis lanzaron una fortísima ofensiva desde Uganda para recobrar el poder. El presidente de la nación, Juvenal Habyarimana, un hutu moderado, no tuvo más remedio que negociar con los insurgentes firmándose los acuerdos de Arusha en 1993, en los cuales se aceptó compartir el poder entre las dos etnias.

Al parecer este fue el detonante del plan hutu para deshacerse de los tutsi para siempre. La implicación de tenerlos de nuevo como parte del poder o como gobernantes alternativos creó en muchos de los radicales la creencia de que volverían a gobernar el país tarde o temprano; esa idea era tan inaceptable que desde el gabinete de Habyarimana se comenzó a orquestar la idea más tenebrosa y terrorífica que puede ocurrírsele a cualquier régimen o persona: la eliminación física total del “adversario”.

El 6 de abril, inicio de las terribles matanzas étnicas, Juvenal Habyanarama sufrió un atentado que cobró su vida. Los hutus en el gobierno no estaban dispuestos a compartir nada con los tutsis, e irían más allá: su plan era exterminar a la etnia enemiga.

Los aniquilamientos fueron perfectamente dirigidos desde el ejército ruandés. Se usaron tácticas paramilitares como el de las brigadas Interahamwe (golpear juntos), que fueron armadas con mazas con púas, hachas, machetes, cuchillos y granadas. Gran parte de estas brigadas recibió también armas de fuego de Francia. Se trataba de fuerzas muy radicales que demostraron una enorme efectividad y crueldad contra sus víctimas. Se estima que de los más de 800 mil tutsis muertos, la Interahamwe se encargó de matar al 85%., lo que indica su altísima convicción ideológica criminal.

La búsqueda y aniquilación se dio por todo el país. En menos de 30 días el exterminio había cobrado alrededor de 300 mil vidas. En estos días,  el Frente Patriótico Ruándes atacó desde la zona noroeste el 30 de abril comenzando un intercambio de crueldades con los hutus.

Lo imperdonable fue que la ONU y los países integrantes del Consejo de Seguridad se negaron a ayudar a la población y la abandonaron a su suerte, hasta que el 23 de junio de 1994 Francia, con aprobación del organismo lanzó la “operación turquesa”, para asegurar una zona humanitaria. Sospechosamente el ejército francés lo que provocó fue que los tutsis no pudieran retomar el control total del país protegiendo básicamente a los hutus. Esto igual no detuvo las represalias de los tutsis que acabaron entre junio y julio con la vida de alrededor de 200 mil hutus que encontraron en su camino.

El día 19 de julio de 1994 se declaró el alto al fuego y el fin del genocidio y la guerra civil. Habían muerto más de 1 millón 100 mil personas y más de 3 millones se hallaban en condición de refugiadas en Tanzania, Uganda y Zaire.

La guerra no sólo ocasionó la debilitación social, sino que agravó enormemente el odio étnico que hasta ahora sigue vigente. Lo único que detiene a los ruandeses para intentar otra acción de esta naturaleza es el sentido común. Su vida transcurre entre vengar o perdonar, una situación moral que ha definido desde 1994 la formación de la nación. Una madurez civil que sigue estando en juego.

Ganó Maduro muy ajustadamente y aún así se siente el “dueño” de su país.

De una persona que habla con pájaros no se pueden esperar cosas razonables. Nicolás Maduro, el torcido delfín de Hugo Chávez, ganó con el 50.6%  de los votos la reñida elección venezolana a mediados de este mes,  en medio de acusaciones de compra de voluntades electorales en regiones enteras del país. Cosa que preocupa porque, si con fraude incluido en el combo ganó de panzazo, si hubiera sido una elección justa la perdía seriamente.

Y esto es lo que pelea el candidato opositor Henrique Capriles: señala que hubo muchas irregularidades y que estas deben investigarse a fondo. Keep on dreaming, Capriles. Maduro, al mejor estilo de las izquierdas “justicieras” sudamericanas, sobre todo como la Argentina, está haciendo de ese 0.6% de votantes a favor una ilusión demagógica tal que cree que ya tiene derecho a llevarse entre las patas a toda la nación. Es decir, el 49% que no votó por él no vale, no importa y es prescindible. Es decir, estos regímenes autoritarios como el venezolano, el argentino o el boliviano consideran que los que pierden una elección son como los que pierden una guerra y no merecen piedad ni consideración. Dejan de ser vistos como ciudadanos y se convierten automáticamente en “estorbos” sin importancia a los que hay que ignorar y, de ser necesario (más que necesario), neutralizar. Así ven las cosas personas como Nicolás Maduro: como dictadores. Y es lo que le espera a Venezuela: un régimen (“modelo”, lo llaman “amistosamente” en Argentina los oficialistas) de ajuste de cuentas, de acotamiento de libertades, de control militar, de rigidez mental, de ausencia de justicia, y por ende de más pobreza y más desigualdad. Una maravilla en todo el sentido de la palabra. ¿Quién dice que usar el hambre de tu propio pueblo a tu favor no reditúa?

SEDESOL y la justicia social: la misma hipocresía

Como ellos no tienen necesidades usan el dinero de los mismo que las tienen para hacerlos “bueyes” y amenazar con dejarlos sin los paquetes de ayuda social si no votan por el PRI. Una lindura al mejor estilo durante los 70 años que gobernaron.

Sucedió en Veracruz. Funcionarios de SEDESOL demostraron que la justicia social es aquella que sólo existe para los que votan por el PRI; los demás no son necesarios. La justicia entonces es, en pocas palabras, reservada para unos mexicanos pero no para los otros. Qué democrático. Nada extraño viniendo del Partido Revolucionario Institucional que, como siempre, optó por defender a los suyos, por más sinvergüenzas y descarados que resulten.

A la mejor usanza de cuando gobernó y ocasionó al país enriquecimiento ilícito de gobernantes, sindicalismo parasitario, crisis constantes, deuda, inflación, hambre, violencia, pobreza y demás “detalles” de su gestión, que muchos  no se sabe por qué siguen defendiendo como si se hubiera tratado de una gestión sueca o suiza, el súper presidente de México salió a descalificar a los que descubrieron la transa y a defender a los delincuentes (porque hacer uso de los recursos de la nación que bajo un programa legal busca el bienestar popular, en beneficio del partido en el poder es un delito); qué cosas. Hasta parece que estamos viendo al PRI de 1970 o 1980; lo grave es que este PRI no se da cuenta cabalmente de las cosas, sigue en un atraso moral y mental que sorprende. Pero veamos de qué está hecha la realidad, a menos que el fraude electoral les permita remontarla.

Por ahora, la pregunta es: ¿de esto se va a tratar todo el sexenio que falta? ¿De las mentiras y engaños de siempre? Pero el cínico no es cínico por entretenimiento, no; es cínico porque de eso vive: y sucede que a los grandes y connotados priístas, en lugar de decir algo sensato, se les ocurrió, simplemente, expresar cosas como que “no podemos permitir que se chantaje en el Pacto por México”. Resulta pues, que para personas como Emilio Gamboa Patrón el culpable de lo que sucedió en SEDESOL Veracruz es el PAN, porque ¿para qué andan descubriendo cosas malas? Es imperdonable que no dejen transar al PRI en paz. De terror este “nuevo PRI”.

Lady profeco y la impunidad de siempre

Nomás no le gustó que no le dieran la mesa que quería y llamó a los abyectos de “papi” para clausurar un restaurante, todo  bajo las conductas de manual de cualquier junior. 

Como en los mejores tiempos del PRI prepotente y autoritario, Andrea Benítez, la niña popis en cuestión, hizo uso de su apellido y “mandó” clausurar un restaurante exclusivo de la Colonia Roma, en el Distrito Federal, sólo por un “caprichito”. Cosa que estuvo a punto de suceder de no ser porque el padre de la niña consentida, Humberto Benítez Treviño, un político salinista intocable dio marcha atrás al enterarse de tal aberración.

Los dos se disculparon como bellas y gentiles personas que dicen ser, pero… ¿disculparse lo soluciona todo? Humberto Benítez Treviño es el Procurador Federal del Consumidor, ni más ni menos que el ente que se encarga de proteger los derechos de los demandantes de servicios y bienes de la república ante cualquier artbitrariedad de los vendedores, distribuidores y productores; y resulta que la hija resultó más arbitraria, y haciendo manejo de personal de la Procuraduría se lanzó a hostigar y ejercer “terrorismo nepotista”,  cuando es el organismo que dirige su padre el que debe distinguirse justamente por ser ecuánime y legal. Pero piensan que con una disculpa basta para “calmar a la plebe”; cosa que les costó porque  fuchis, dar disculpas a los nacos, o sea… qué mal…

¿Pero… por qué no renuncia? ¿Y por qué el ilustradísimo presidente de México no le pide explicaciones, al menos? Bueno, porque Humberto Benítez Treviño es ni más ni menos que un cercano a Carlos Salinas de Gortari; y aunque no lo fuera, Enrique Peña Nieto tampoco se la pediría simple y sencillamente porque los priístas son tan prepotentes que no consideran siquiera equivocarse. Así que tendremos que seguir soportando más lady profeco, más Humbero Benítez y más y más mentiras, corrupción, dejadez y soberbia de este gobierno.  A ver hasta dónde creen estos funcionarios que la ciudadanía va a aguantarles.

El aumento al IVA en alimentos y medicinas, y otros artificios políticos…

El IVA, para ser comprendida mejor su función como impuesto, debe pasar primero por la explicación de qué es, o en qué consiste.

El Impuesto al Valor Agregado es uno de los “rubros estrella” de las finanzas públicas de muchísimos países, ya que es un impuesto ineludible  a cualquier plazo. Y consiste en gravar (imponer una tarifa) al valor mismo del producto, bien o servicio al que el ciudadano accede mediante un pago.

Cuando se produce una bicicleta, por ejemplo, los componentes de la misma: manubrio, pedales, ruedas, ejes, sillín, tienen un costo diferenciado dentro de los costos del bien; estos costos son en los que incurre la empresa que produce la bicicleta, y mientras más caros sean esos componentes, determinado todo por la calidad de los mismos dentro del proceso que llevó a tenerla lista, el impuesto a la persona que se hace de uno de estos medios de transporte es mayor. Es decir, todo lo que cuesta el producto en sí (si la bicicleta cuesta 100 pesos, digamos) sufre una tasa impositiva por su valor. Si el IVA es del 2%, además de los 100 pesos, el comprador pagará 102 pesos, la diferencia se la lleva el Estado.

El I.V.A. es un impuesto que está en todas partes, luego de visto esto. Y es un impuesto del que no puedes escapar, a diferencia de otros, que puedes evadir científica o mañosamente. Por eso es que el interés de esta administración federal es tanto, porque como gravamen, el Impuesto al Valor Agregado es una garantía fiscal de ingresos.

Pero, ¿es en verdad necesario que se incremente el I.V.A.? ¿Y que se aplique a bienes sensibles como el alimento y los medicamentos? ¿En realidad esto es indispensable?

Depende de quién lo diga, por qué lo diga y hasta cómo lo diga. Lo que importa aquí es qué busca el Gobierno Federal con esto. Obviamente, ingresar más dinero al tesoro público, pero… ¿por qué? ¿Realmente necesita este dinero? ¿Es este aumento algo justo? ¿A quién perjudicará más?

Bueno, tratemos de responder a estos cuestionamientos, primero con un simple dato: el IVA actual en México es de un 16% a tasa nominal. El Gobierno Federal, encabezado por la administración priísta quiere elevarlo entre 3 y 6 puntos: del 16 al 22% a medicinas y alimentos. Esto para muchos es algo aceptable; para otros es una barbaridad.

Otro dato, en Europa las tasas a alimentos y medicinas no superan el 7% en países desarrollados. Dentro de la OCDE incluso una tasa impositiva a alimentos y medicamentos que rebase el 9% es considerado un abuso y un error. En México, alentados por sectores de patrias anteriores y segmentos de aplaudidores del presidente, que nunca van a faltar, ven como “necesario” que se aplique un impuesto del 19%, como mínimo, al tipo de consumo más importante de los mexicanos. ¿Basados en qué? Basados en que México es el segundo país de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que menos logra recaudar dinero por vía impositiva (12.5% del PIB) y en que hay necesidades urgentes que cubrir. ¿No suena acaso igual al mismo discurso de todos los tiempos?

En Suiza, el impuesto a los alimentos es de apenas el 2.5%. Y todos sabemos que en Suiza no hay pobres. Muchos dirán que por eso no es necesario darle más dinero al Estado. Pero aquí hay una trampa en la idea. Y esta trampa radica en el hecho de explicar cómo se aplica un impuesto tan importante a una población como la mexicana, que a diferencia de la suiza les aseguro que sí sufrirá el impacto de la medida.

México posee alrededor de 114 millones de habitantes; de esta enorme cantidad, el padrón impositivo (todos los que están dados de alta en Hacienda como contribuyentes), lo constituyen 37 millones de personas. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos paga impuestos. Lo curioso es que según datos quienes trabajan son 44 millones. 7 millones de trabajadores no pagan impuestos. O pagan muy poco. ¿Quiénes serán estos misteriosos 7 millones de trabajadores que no pagan impuestos como los demás? Curiosidades de un país como este.

Los tres impuestos más importantes con los que las Finanzas Públicas mexicanas “hacen su agosto” año con año, son el Impuesto Sobre la Renta, que es el impuesto que más ingresos deja a la Federación (50% del total); y lo sigue el I.V.A. (35.4%); el resto fiscal (10.6%), se distribuye entre otros impuestos como el IETU. En total, el Estado aglutina año con año la enorme cantidad de casi 1 billón 500 mil millones de pesos por vía impositiva. Es decir, los impuestos le procuran al Estado Federal el 42% de todos sus ingresos anuales. Un dineral.

Sin embargo, 4 años después vuelven a la carga para imponer a la población una forma extractiva de recursos que no pueda evitar. La menos inevitable de todas: comer y curarse. Una maravilla.

Se supone que un incremento del 19% a los alimentos y medicinas impulsará los ingresos federales tributarios un 2%, es decir, alrededor de 30 mil millones de pesos. Estos 30 mil millones serían pagados por todos los mexicanos que con unos billetes en la mano salgan a comer algo o a comprar medicinas, es decir, no a hacer cualquier cosa. Muy racional desde el punto de vista gubernamental, ya que la forma más eficiente de evitar evasores es cobrar a todos por igual, “aplanar” el impuesto, “democratizar” en su máxima expresión el tributo. Con esto ganan todos. No es cierto: con esto sólo gana el gobierno federal; cosa que sería respetable si pudiera explicar para qué quiere más dinero. Pero no explica nada. No dice por qué. Sólo dice que es necesario. Así como cuando llega alguien corriendo a su casa y pide 500 pesos y le pregunten “¿para qué quieres tanto?” y como respuesta dé un “lo necesito, luego te explico”, así es esto del I.V.A. a alimentos y medicinas impulsado por el actual gobierno en turno. Nadie sabe por qué quiere más dinero.

Muchos tienen el temor, duda, idea, sospecha, curiosidad, angustia, que este dinero va a ser utilizado en el maquillaje político del régimen actual para hacerlo quedar “bien bonito” ante la sociedad, mediante programas electoreros y manipuladores (como parece que está resultado la tragicómica Cruzada contra el Hambre). Muchos, y la verdad conociendo al PRI por qué dudarlo, tienen la seguridad de que este dinero va a perderse en la Nada  política, en los bolsillos de empresarios, legisladores, funcionarios, burócratas y demás fauna, con tal de hacer pasar a la administración de ahora como un ejemplo de santidad y buenas costumbres.

Todos saben que el “gran amigo fiscal” de los gobiernos federales ha sido PEMEX, empresa a la que han desfalcado y explotado (esos son los términos adecuados para describir su situación) a tal grado que ahora no genera ingresos ni para pagarle un respiro que la haga tener un “ahorro”. No, PEMEX ya no va más.

La urgencia de este gobierno es que se le están agotando las vías tradicionales de ingresos públicos, así que no tiene de otra más que meter mano al bolsillo del ciudadano y poder impulsar mejoras que son indispensables, mismas que no dicen cuáles son, como explicábamos antes. ¿Acaso este dinero que se requiere, es para apuntalar PEMEX? ¿O es para programas disfrazados de buena onda como la Cruzada contra el Hambre? ¿Es para que se haga frente a los 255 compromisos de campaña que el letradísimo presidente de este país firmó? ¿Para qué es el dinero? ¿Es para un fin económico o político?

La falacia de que el aumento al I.V.A. a alimentos y medicinas es para que los ricos paguen más

Es una de las frases más repetidas por los funcionarios, legisladores y hasta empresarios mexicanos afines a esta medida: decir que con este impuesto se va a “aplanar” la contribución y pagarán más quienes más consumen. Lo monumental de esta afirmación es la dejadez mental que hay en ello.

Seamos sensatos y usemos la lógica para ver que la afirmación que hacen los adláteres, aplaudidores, jilgueros, voceros ex profeso, cheerleaders y silbadores tipo rock star del régimen actual es una falacia, un sofisma, cuando sostienen que con este impuesto a medicinas y alimentos son los grandes ricos y millonarios los que van a tener que soltar más de su billetera y chequera y que los pobres y medio pobres sólo sufrirán momentáneamente las consecuencias ya que dependerá de un “ajuste” (uno de los términos económicos más informales y cínicos que han existido) hasta que esto pase.

Tenemos otro dato, para “ajustar” la explicación de que esto es una falacia: los países más ricos del mundo son los que menos ricos tienen en las listas Forbes. Noruega, Suecia, Alemania, Japón u Holanda, que son sociedades ricas de verdad, no tienen personajes en las listas de multimillonarios de la revista Forbes que naciones como México sí. ¿No es llamativo? Esto significa que son países con bajísima desigualdad económica y social. Y por lo tanto aplicar un impuesto a medicinas y alimentos sí sería equitativo y equilibrado. México tiene dentro de los 100 millonarios más acaudalados del mundo a 4 personas. El 4%. Entre los 4 poseen casi 2 billones de dólares. ¿De verdad creen que estas personas van a padecer un incremento en el I.V.A. a alimentos y medicinas?

En México 290 mil familias ganan al mes poco más de 100 mil pesos. Pero más de 1 millón 600 mil familias viven al mes con 500 pesos. Tenebroso, ¿no? La situación empeora: el 52% de los mexicanos vive en niveles cercanos a la pobreza. 10% vive en pobreza total y extrema. Alrededor del 28% tiene ingresos medios y sólo un 10% es rico. Si comprimimos estas cifras este 10% ganaría alrededor de 66 veces más que el 10% más pobre, lo cual quiere decir que los ricos del país tendrían en sus manos alrededor del 85% del total de la riqueza en sus manos; lo demás queda para el 90%, del cual más del 50% no alcanza al mes los 4 mil pesos. Sólo un 40% de los mexicanos ganaría entre 6 y 8 mil pesos mensuales (hablando en conjunto familiar).

Hay que ser ingenuo o malicioso para creer que esas 290 familias ricas van a gastar tanto en comida y medicinas que superarán al 90% de mexicanos que comprarán lo mismo. Por más dinero que una familia tenga, no va a gastar 66 veces más en comida y medicamentos de un día para otro. Lo que va a suceder es que estas familias sufrirán un decremento del 3%  en sus “finanzas”, cosa que no es probable que los afecte en lo más mínimo; 3% que sufrirán en la misma vía alrededor de 20 millones de hogares mexicanos y en los que sí vale usar el término “sufrir”.

Es decir, concretemos el punto anterior: lo que importa al momento de cobrar un impuesto es la cantidad de consumidores a los cuales se lo aplique. Mientras menos sean estos consumidores, menos se recauda. El hecho de que los ricos en México ganen entre el 47 y el 66% más que los más pobres no significa que vayan a consumir alimentos y medicinas en igual promedio. Eso es absurdo. Sería como decir que si una persona de clase media consume dos tortas al día y paga el I.V.A. por esas tortas un multimillonario o rico comerá entre 94 y 132 tortas al día.

Lo que los especialistas y analistas gubernamentales tratan de “vendernos” es la idea de que los ricos de México consumen menos pero lo que consumen es muchísimo más caro que lo que consume el 90% del país. Esto es verdad, ni para dudarlo; no creemos que un rico en México coma tacos de dos pesos; pero tampoco creemos que coma caviar al levantarse. Una cosa es la necesidad elemental y otra el consumo marginal. Los ricos comerán y se medicarán con más calidad, pero su consumo no será atroz ni tan elevado como para que los 30 mil millones de pesos que el gobierno federal pretende recaudar vengan de sus bolsillos en su mayoría. Pensar eso es ridículo.

Hagamos un ejercicio básico. El promedio mensual de los mexicanos que trabajan es de 3 750 pesos. Siendo 44 millones el estimado laboral, la suma de sus ingresos sería de 165 mil millones de pesos al mes. Se calcula, a su vez, que si el mexicano promedio gasta alrededor del 70% de su sueldo en alimentos y medicinas estaríamos hablando de que 115 mil 500 millones de pesos se gastarían en estos rubros, del 100% del salario global.  1 billón 386 mil millones de pesos al año en consumo de alimentos y medicinas. Si el I.V.A. subiera del 16 al 19% como pretende esta administración, el Estado se haría de entre 30 mil y 40 mil millones de pesos, solamente con el consumo de los trabajadores promedio. Por el otro lado, 1 billón 235 mil millones de pesos provendrían de las casi 3 millones de familias más ricas del país, alrededor de 730 mil individuos. Estos individuos, en teoría, tendrían que aportar al año otros 37 mil millones de pesos, pero para eso tendrían que consumir tanto como los otros 44 millones, es decir de 60 a 66 veces más por día, semana, mes. Lo cual es a todas luces ridículo. Por lo tanto el peso del impuesto que mencionamos va a recaer en los más de 44 millones personas que trabajan. Una cosa es ser rico, y otra, ingenuo.

El impuesto al I.V.A. y el misterio de su destino

Como desde hace décadas, se nos informa que los recursos obtenidos por esta suba impositiva irán a obras de carácter social e infraestructura. Y una de las cosas más graciosas es que incluso se destinarían a “aminorar el impacto” que afectaría a los millones de pobres si esta alza ocurriera. ¿Entonces si van a subir el impuesto para qué reutilizar el dinero en devolverlo? ¿No es ilógico? Es como que me pidan 200 pesos de cuota para contribuir al bienestar de mi vecindario y me lo regresen al mes en forma de comida o de pago de electricidad. ¿Qué caso tiene esto? Mejor no me lo quiten, y listo. Lo que quiere decir que este tipo de políticas fiscales se usan para mover el dinero de un lado a otro sólo para que quien lo mueve quede como un dador y otorgador de beneficios, como un preocupado por el Pueblo, como un noble administrador. Es simplemente dar vueltas para quedar en el mismo lugar.

¿Qué va a hacer este gobierno con la recaudación? ¿En qué se va a gastar? Muchos especialistas que defienden la medida mencionan que los que están en contra usan recursos argumentativos arcaicos, o del pasado, como que “se lo van a clavar”,  o va a terminar en el bolsillo de todos menos de la sociedad. Sin ser arcaico, a través de la historia política y económica de este país ha quedado demostrado que tristemente así ha ocurrido muchísimas veces; y más cuando se ha tratado que gobierne el PRI. Y quien diga que esto es falso, es un egresado con mención honorífica de la escuela del cinismo y la desvergüenza.

¿Por qué no sospechar del Gobierno Federal? Si no da explicaciones claras qué podemos pensar. El caso SEDESOL en Veracruz es una muestra muy notoria y reiterativa de que no se puede confiar en esta gente. Si el dinero que piensan recaudar del Impuesto al Valor Agregado para medicinas y alimentos no tiene más objetivo que servir a intereses electorales, políticos y manipulaciones sociales ¿entonces a dónde nos estamos dirigiendo? ¿A lo mismo de siempre? Una cosa es clara: al gobierno en turno no parece interesarle quién pague, simplemente le interesa cobrar y tener ese dinero ya; ningún tributo que se aplique a algo fundamental como el alimento o los medicamentos (y sobre todo con tasa del 19%) se va a llevar adelante sin afectar a la mayor parte de la sociedad y seguir su paso como si nada. No sólo va a traer inflación, también va a generar más insuficiencias domésticas de carácter cualitativo. Pero vivimos en un país donde no queremos aprender del pasado.